Tras el anuncio, no llegó la calma

Se reglamentó la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva

El sábado 28 de diciembre, el gobierno nacional reglamentó la norma que incluye un impuesto del 30% a los gastos en el exterior y la compra de pasajes y paquetes con ese destino.

Entre las aristas “nuevas”, la reglamentación de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva excluye los pasajes terrestres a los países limítrofes, dado que se considera como tráfico “étnico”, el cual afecta en su mayoría a los segmentos más pobres de la población, vinculados muchas veces a viajes familiares; al tiempo, que se confirmó la inclusión del impuesto para la compra en efectivo en aerolíneas y agencias.

La tercer salvedad implica un nuevo revés para el espectro de la industria turística, y aclara que el pago de servicios como Netflix y Spotify que se consumen en Argentina pero se facturan en el exterior, recibirá una alícuota especial del 8%.

Sin embargo, el anuncio poco esclareció el panorama de las agencias y la incertidumbre sigue siendo moneda corriente en las –casi nulas– operaciones.

Por caso, el grueso de las empresas de viajes –las OTAs son las principales excepciones–, siguen sin cobrar el impuesto, dado que aún no “comprenden” cómo se cobra el gravamen, ni que deben hacer con el dinero recaudado. Cabe destacar, que la ley dispone que las agencias de viajes y las compañías aéreas deben actuar como agentes de percepción y liquidación del impuesto.

Asimismo y en rigor de evitar la informalidad, se esclareció que si el pasajero argentino paga con divisas previamente adquiridas, quedará exento del impuesto.

En otro orden, desde el seno dirigencial advirtieron que el mercado puede volcarse a la informalidad y sospechan que muchas empresas comenzarán a emitir desde el exterior, tal como ocurrió hace un par de años con la imposición del 35%. Para terminar, denunciaron que las agencias deberían pagar el 1,2% de "impuesto al cheque" sobre el impuesto al turismo, lo cual es inconstitucional.

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