coronavirus en argentina

El canal Horeca demanda medidas concretas para subsistir

El freno de la actividad turística, agudizado por la cuarentena, acrecentó la preocupación del sector privado, urgido por la implementación del paquete de medidas económicas y los trámites para que más pymes puedan obtener ayuda estatal y, entre otras acciones, pagar el salario de los trabajadores, los servicios y los impuestos.

Desde la plana privada exhortaron al Gobierno a que cese con los anuncios y pase a la práctica con la batería de medidas para reactivar la economía y alivianar realmente a las empresas; al tiempo que instaron al Ejecutivo a que se dicten los decretos necesarios lo antes posible para una implementación “exprés” del plan “salvataje" para la supervivencia de las pymes.

“La situación es crítica y el Gobierno sigue leyendo la letra chica de las ruedas de auxilio que planea implementar”, declaró Aldo Elías, presidente de la CAT, y añadió: “Hay muchas empresas en estado de coma que necesitan de los beneficios económicos para no desaparecer”.

En este orden, manifestó que “no sabemos cómo sobrevivirá el sector, teniendo en cuenta que hace varias semanas las empresas no tienen ingresos y siguen sin tener una iniciativa que los ayude”. Y subrayó: “Le planteamos al Gobierno una alternativa eficiente y rápida que permitirá a las pymes afrontar sus obligaciones patronales: habilitar la línea del descubierto para que sea destinada a afrontar el pago de la nómina salarial”.

En esta línea, desde el canal Horeca aseveraron que comprenden que el Gobierno primero determinó medidas para los sectores más postergados, como los actores informales, monotrobutistas y pequeñas empresas, pero ratificaron: “Es tiempo de cumplir las promesas y que el salvavidas llegue a las medianas y grandes empresas”.

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Por su parte, recalcaron que si realmente quieren ayudar al sector, las propuestas deben alcanzar a todos; mientras que enumeraron: Más allá del Repro, necesitamos las exenciones de las obligaciones fiscales y aportes patronales, como también las postergaciones de los vencimientos de Ingresos Brutos y el ABT, entre otros”.

STAND BY.

Uno de los auxilios prometidos es la agilización y flexibilización del Programa de Recuperación Productiva (Repro). Se trata de un subsidio a los sueldos por hasta el valor de un salario mínimo vital y móvil por empleado: $ 16.875, y por un plazo de hasta 12 meses; monto que funcionará para completar una parte del sueldo. Eso podría ser lo que reciban las pymes que tengan hasta 25 empleados; mientras que las empresas que tengan una plantilla mayor a ese número tendrán que realizar un trámite online.

Sin embargo, desde la órbita privada turística indicaron que acceder a este beneficio históricamente no fue fácil, y explicaron: “Las empresas deben acreditar la situación de crisis que atraviesan con requisitos que no son simples para las pequeñas empresas como, por ejemplo, constancias de AFIP, gastos y pagos de servicios de los últimos tres años que acrediten la caída en la producción”.

Además, sostuvieron que las pymes deben presentar un plan de acción para recuperar la actividad y comprometerse a no despedir personal; al tiempo que otro problema es que se exigen informes contables certificados por un contador.

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Por su parte, desde la CAME recordaron que en septiembre de 2019, unas 40 pymes solicitaron un Repro exprés en el Ministerio de Producción y ninguna pudo completar los requisitos para acceder. "Sería una ayuda, pero muy insuficiente. El salario de la categoría más baja de un trabajador mercantil es de $ 41 mil", declaró Mario Grinman, secretario de la Cámara Argentina de Comercio (CAC); mientras que desde la CAME propusieron que las ART o incluso la Anses se hagan cargo de los 11 días de salarios de marzo, correspondientes a los días que las empresas estuvieron cerradas por el aislamiento social y preventivo obligatorio dispuesto por el Gobierno.

ALIVIO A LAS PYMES.

Entre la batería de medidas presentadas con bombos y platillos pero aún en la gatera, sobresale la rebaja temporaria de las cargas patronales a los sectores afectados de forma crítica por la pandemia; aunque se resolvió otorgar incentivos a los bancos que brinden créditos blandos: hablamos de la liberación de $ 350 mil millones en créditos a tasas del 24 al 33% anual durante 180 días para financiar capital de trabajo, compra de insumos, pago de sueldos y otras necesidades, con plazo de crédito de 12 meses y tres meses de gracia.

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Asimismo, las entidades bancarias o de crédito deben estirar por 60 días la calificación de las empresas y personas como deudores, en el caso de que haya mora con préstamos.

En este orden, y como parte del paquete de alivio económico en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus, el Gobierno además dispuso dos Decretos de Necesidad y Urgencia: uno prohíbe el corte de los servicios públicos en caso de falta de pago durante seis meses; mientras que el otro le impedirá a los bancos inhabilitar las cuentas corrientes por cheques sin fondos hasta el 30 de abril, así como la autorización a los bancos a dar crédito a empresas que tengan deuda previsional registrada en la Anses, la AFIP y los bancos de datos.

UN TRIAGE.

La decisión del Banco Central de reabrir el clearing bancario, que busca normalizar el funcionamiento de las cadenas de pago, pone a muchas pymes ante un panorama de cheques rechazados y la imposibilidad de pagar sueldos.

“Habrá una avalancha de documentos impagos, que sobrevendrá cuando se intenten cobrar los pagos diferidos que no tienen fondos en sus cuentas bancarias a causa de la parálisis que genera la cuarentena”, advirtió Elías, y sostuvo: “Hace 10 días que las empresas no tienen ingresos, se van a caer todos los cheques y los que no, se absorberán el dinero que podría funcionar para pagar salarios”.

A su turno, el presidente de la CAME, Gerardo Díaz Beltrán, señaló que “los pequeños comercios, la industria, servicios y construcción no podrán enfrentar el pago de los cheques emitidos con anterioridad a la cuarentena”; y aclaró: “Están sin caja diaria y hoy la prioridad es pagar sueldos”.

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Además, planteó que “en cada caso se pueda disponer de un esquema de negociación gradual para la cancelación de pagos que contemple esta excepcional contingencia, preservando la supervivencia y actividad del sector”.

PRIVADOS DE PACIENCIA

Tras el discurso del presidente Alberto Fernández donde calificó a los empresarios que estaban despidiendo personal en medio de la crisis por la pandemia como “miserables”, la CAT recogió el guante y rechazó “los términos y calificativos” del mandatario; mientras que volvió a solicitar medidas urgentes para la actividad turística. “Señor Presidente, Usted viene realizando un magnífico trabajo al frente de esta pandemia”, aclararon desde la Cámara, pero enfatizaron: “Los argentinos necesitamos que quien nos guía construya puentes en lugar de profundizar grietas”.

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En este orden, desde la entidad recordaron que en Turismo están nucleadas miles de pymes y empresas familiares que están afectadas como ninguna otra; al tiempo que exhortaron por “medidas económicas que nos permitan sostener los puestos de trabajo, las cuales venimos solicitando desde el 12 de marzo”.

Por su parte, y lejos de atender el llamado, la respuesta del Gobierno llegó mediante un DNU y estableció que "prohíbanse los despidos sin justa causa y por las causales de falta, o disminuciónos de trabajo y fuerza mayor por el plazo de 60 días”.

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A su turno, Roberto Amengual, titular de la AHT, declaró que “salen medidas que atan de manos a los empresarios y otras que les afectan su caja”, y criticó que el Estado espera que los hoteles no cierren ni desprendan de personal sin ningún tipo de ayuda de ellos. “Seguimos esperando iniciativas que nos ayuden a sobrepasar la crisis. La presión fiscal sigue en el orden del 50% y ninguna empresa tiene el margen para afrontarla”, alertó.

Para terminar, recordó que el sector Horeca no se caracteriza por echar personal y enfatizó que crear mano de obra capacitada cuesta dinero y tiempo; aunque dijo: “Necesitamos la asistencia estatal para no prescindir de trabajadores ni quebrar”.

CUARENTENA EXTENDIDA.

Alberto Fernández, prolongó al menos hasta el final de la Semana Santa la estricta cuarentena a que está sometida la población. “Una economía que cae se levanta, pero una vida que cae no la levantamos más”, dijo el primer mandatario, quien advirtió que sería "muy duro" con las empresas que realizasen despidos y con quienes aprovecharan la situación para subir precios. "Estamos ganando tiempo para prepararnos ante una situación de extrema necesidad”, dijo luego de una reunión interministerial con un grupo de asesores médicos y científicos, y gobernadores provinciales, con quienes evaluó la situación de la epidemia y analizó nuevas medidas. A su vez, indicó que se estima que en Argentina el momento más duro de la pandemia se registrará hacia finales de abril o principios de mayo.

Por otra parte, dentro de la Casa Rosada, según el diario La Nación, estiman que, incluso después del final de la cuarentena total de abril, la flexibilización podría ser parcial, por zonas geográficas y rubros. “En el Ministerio de Salud descartan un levantamiento generalizado del aislamiento en Tierra del Fuego y Chaco, donde prevén un crecimiento de los contagios. También creen que habrá que reforzar los ingresos en las fronteras”, comunicó el diario.

En este orden, trascendió que se adelantarían las vacaciones de invierno para la tercera y cuarta semana de abril.

CONGELAN LOS PRECIOS DE LOS ALQUILERES Y SUSPENDEN LOS DESALOJOS POR FALTA DE PAGO

En el marco de las decisiones que buscan contrarrestar el impacto económico de la pandemia del coronavirus, el Gobierno dispuso, mediante Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el congelamiento de los precios de los alquileres y la suspensión de los desalojos por falta de pago durante seis meses; como así también el congelamiento, por el mismo plazo, de las cuotas de los créditos hipotecarios y créditos UVA sobre inmuebles destinados a vivienda única.

Por caso, el decreto 320/2020, publicado en el Boletín Oficial, suspende los desalojos por falta de pago y prorroga la vigencia de los contratos con conformidad de la parte locataria hasta el 30 de septiembre; al tiempo que dicta el congelamiento de los precios de los alquileres al valor de marzo, y decreta que la deuda por diferencia de precio entre lo que se debía pagar y lo que efectivamente sea acordado en los contratos, se pague recién a partir de octubre.

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La disposición, que lleva la firma del presidente Alberto Fernández y de todo su gabinete de ministros, establece que la situación exige "extremar esfuerzos para enfrentar no solo la emergencia sanitaria, sino también la problemática económica y social" y que, por lo tanto, debe velar por el derecho a la vida pero también por el derecho a la vivienda.

Asimismo, el decreto establece que las deudas que se produzcan por falta de pago deberán pagarse recién a partir de octubre, en tres cuotas iguales y consecutivas, a pagar en un plazo máximo de seis meses desde el pago de la primera cuota. Sobre las restantes cuotas, explica que vencerán en el mismo día de los meses consecutivos.

Entre los alquileres alcanzados por el DNU sobresalen los inmuebles destinados a vivienda única urbana o rural; inmuebles destinados a actividades culturales o comunitarias; inmuebles alquilados por personas adheridas al régimen de Monotributo; inmuebles alquilados por profesionales autónomos para el ejercicio de su profesión; e inmuebles alquilados por micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) destinados a la prestación de servicios, al comercio o la industria.

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