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La ley de Emergencia Turística ya está en el Congreso

Maurice Closs, senador nacional argentino por la provincia de Misiones, presentó una iniciativa que busca implementar beneficios tributarios y subsidiar a las golpeadas empresas, a cambio de que mantengan las fuentes de trabajo.La CAT apoya la iniciativa.

En el marco de la Emergencia Sanitaria que declaró el presidente Alberto Fernández y luego de que la Faevyt solicitara al Gobierno declarar al sector de las agencias de viajes en “emergencia económica, productiva y fiscal”, el senador nacional por la provincia de Misiones y vicepresidente del Senado, Maurice Closs, presentó un proyecto de ley para que se declare la emergencia turística en todo el país por un plazo de 180 días, con la posibilidad de extenderlo a un año en caso de que el Poder Ejecutivo lo considere necesario.

Advirtiendo que están en riesgo más de un millón de empleos y con el afán de evitar la quiebra de miles de pymes, el documento busca que se aplique una batería de beneficios en favor de las empresas de turismo.

Al respecto, el texto que lleva la firma del exgobernador de Misiones y expresidente de la Comisión de Turismo de Diputados, exhorta a “proteger las actividades económicas vinculadas al turismo y sostener el empleo que generan, en el marco de la crisis mundial provocada por el coronavirus.

Por caso, en el artículo 2º, propone que “personas físicas o jurídicas que realicen actividades turísticas reciban una serie de beneficios económicos e impositivos para salir a flote”; al tiempo que enfatiza en la necesidad de minimizar las contribuciones patronales.

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En este orden, el texto –que recibió el apoyo de la CAT, que esta tarde se volverá a reunir con el ministro Matías Lammens para presentar las medidas correspondientes para paliar el escenario adverso–, plantea la prórroga de pago de los impuestos existentes y la suspensión de ejecuciones.

Asimismo, el plan exhorta a la extensión de planes de regularización de obligaciones tributarias, aduaneras y de seguridad social; así como sugiere la suspensión de las ejecuciones, el otorgamiento de líneas de crédito a tasas diferenciales y “toda otra medida que a criterio del Poder Ejecutivo Nacional proteja las fuentes de empleo y la seguridad de las empresas”.

Por otra parte, el proyecto contempla que “en caso de producirse algún despido, será causal de pérdida del beneficio, y se deberán abonar los montos correspondientes que se hubieran dejado de pagar como consecuencia de haber hecho uso del beneficio”.

A su vez, el documento procura premiar con una extensión de seis meses más en la reducción de las cargas patronales de todo su personal a todas aquellas firmas que contraten gente durante el lapso que dure la emergencia.

Cabe destacar, hay que contemplar que el proyecto podría “cajonearse”, dado que el Congreso podría suspender su actividad por el avance del coronavirus. De hecho, se estima que la semana que viene se cancelen las reuniones de comisiones.

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